Colombia: "La represión del movimiento popular se centra en las áreas de concesiones mineras”

Invitado por la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia, el defensor de los derechos humanos Walter Agredo Muñoz ha participado esta semana en varios actos públicos. Agredo Muñoz es miembro de la Fundación Comité de Solidaridad con los presos políticos en el Valle del Cauca desde hace una década. En esta organización se encarga del área de cárceles y trámite de quejas. Debido a las amenazas de muerte sufridas en su país, abandonó Cali y se ha acogido (junto a otros tres compañeros) al Programa de Derechos Humanos del gobierno de Asturias. Lleva dos meses residiendo en el estado español. El activista considera que la represión y la criminalización del movimiento social se focaliza en las regiones con mayores recursos naturales y donde se plantean más concesiones de explotación a transnacionales, sobre todo mineras. 

La Fundación Comité de Solidaridad con los presos Políticos, que funciona a nivel estatal y con sedes en diferentes regiones, ha cumplido cuarenta años de trabajo en el apoyo jurídico y humanitario a personas detenidas y/o encarceladas por motivos políticos. Personas del movimiento social y popular: sindicalistas, estudiantes, líderes sociales, mujeres activistas y miembros de organizaciones indígenas, entre otros. Pero también apoyamos a personas que no son detenidas arbitrariamente por su activismo político, sino por otros motivos. Y que también sufren las políticas de control social del estado. Me refiero a jóvenes (detenidos, por ejemplo, en una fiesta nocturna), prostitutas, vendedores ambulantes y sectores LGTB. También hemos impulsado la “campaña contra la detención arbitraria, persecución judicial y criminalización de la protesta en Colombia”.

La represión y judicialización de las organizaciones populares que denuncia el Comité se focaliza en zonas con solicitud de concesiones por parte de compañías transnacionales, la mayor parte mineras. Las hay de origen estadounidense y canadiense pero también de países de la Unión Europea como España. Su presencia destaca en zonas como el norte del Cauca (con poblaciones indígenas y afrodescendientes); el piedemonte costero del departamento de Nariño, en el sur de Bolívar y en la parte oriente del país. Son también estas regiones donde existe una mayor presencia de la fuerza pública. En 2013 se han hecho efectivas en el norte del Valle del Cauca 120 órdenes de captura contra líderes sociales y otras 240 se ejecutarán en breve. Aquí tiene grandes intereses, entre otras compañías, la Anglo Gold Ashanti. Sufren esta violencia líderes afodescendientes, indígenas, campesinos, sector sindical, defensores de derechos humanos y mujeres. Se les acusa de colaboradores y auxiliadores de la insurgencia.

Leer toda la entrevista