Informe de Richard Solly, miembro de Colombia Solidarity Campaign y coordinador de London Mining Network
(11 de Agosto, 2018)
Es triste ver miedo en las caras de las personas que quieres debido a las amenazas que están recibiendo.
Entre el 2 y el 7 de agosto estuve en La Guajira, Colombia, visitando comunidades afectadas por la mina Cerrejón, una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo. Es propiedad de tres de las compañías mineras más grandes del mundo, todas cotizadas en la Bolsa de Londres: Anglo American, BHP y Glencore. Estas tres compañías compraron la participación del 50% del gobierno colombiano en la mina, a finales del 2000, y luego compraron el 50% restante, propiedad de Intercor, una subsidiaria del gigante petrolero estadounidense Exxon, en febrero de 2002.
La concesión minera cubre 690 kilómetros cuadrados, y dentro de esa gran área hay seis pozos enormes. Estas no son como las minas de carbón tradicionales, donde un pozo delgado se abría en el suelo para acceder a las vetas de carbón en las profundidades; estos son agujeros abiertos gigantescos, de donde se extrae el carbón utilizando enormes palas mecánicas. Todo aquello que esté en la superficie - bosques, tierras de cultivo, pueblos - tiene que ser arrasado para abrir el pozo y obtener el carbón.
Esta visita fue organizada por la organización estadounidense Witness for Peace bajo la guía de los académicos estadounidenses Avi Chomsky, Steve Striffler y Emma Banks, con quienes hemos venido trabajando durante muchos años. Visitamos nueve comunidades y recibimos testimonios de otras seis. Tuvimos conversaciones con el sindicato de mineros, Sintracarbón, y participamos en una reunión entre líderes comunitarios, representantes sindicales y la gerencia de la mina.
Ésta fue mi séptima visita a la zona. La primera fue en el 2000. Entonces, visité el hermoso pueblito agrícola de Tabaco. Fue destruido en agosto del 2001 y desapareció en la mina. Una decisión judicial colombiana de mayo del 2002 ordenó que se reconstruyera la población en otro sitio para que las personas pudieran continuar viviendo juntas como una comunidad agrícola. En el 2008, la empresa Cerrejon Coal llegó a un acuerdo con la comunidad para comprar tierras y ayudar a reconstruir la aldea en un nuevo sitio. El punto débil fatal de este acuerdo fue que la municipalidad local, que es pobre, tenía que pagar el costo de la reconstrucción de la aldea. No podía, y no puede, permitírselo. Todavía no existe una nueva aldea, y la comunidad se mantiene geográficamente dispersa y dividida entre sí sobre la mejor vía a seguir. El costo de la reconstrucción de la población probablemente podría cubrirse con una suma inferior a la paga anual de los directores ejecutivos de cualquiera de las tres multinacionales involucradas.
Luego están las comunidades que fueron trasladadas como comunidades enteras a pueblos recién construidos como resultado de su propia y dura lucha y con la ayuda de organizaciones como Colombia Solidarity Campaign, London Mining Network y otros aliados en todo el mundo, que dieron difusión a sus demandas y presionaron a las compañías para que mejoraran su actuación. Estas eran aldeas rurales y sus habitantes, en su mayoría, querían seguir viviendo de la agricultura a pequeña escala. Han sido trasladados a sitios semi-urbanos cerca de la ciudad de Barrancas, sin tierra suficiente para ganarse la vida de ella y sin posibilidades para buscar otros medios de vida.
También hay comunidades afectadas por la línea ferroviaria que lleva el carbón de la mina al puerto, a ciento sesenta kilómetros al noreste, en la costa del Caribe, para exportar a Europa, América del Norte y Asia. Éstas sufren la contaminación del polvo de carbón que escapa de los vagones abiertos, el ruido de los largos trenes que pasan a todas horas y de la presencia opresiva del ejército colombiano, estacionado allí para proteger el ferrocarril de posibles ataques. Cabezas de ganado y, en ocasiones personas, son arrolladas y muertas por los trenes, siendo las compensaciones por las pérdidas de la gente consideradas un insulto profundamente ofensivo, ignorando las tradiciones de los indígenas Wayuu, cuya tierra cruza el ferrocarril.
También hay comunidades que fueron dispersadas en las primeras etapas de expansión de la mina, en los años ochenta y noventa, sin provisión ninguna para la reconstrucción de sus aldeas y con una compensación totalmente inadecuada, en caso de haberla. Y hay otras comunidades afectadas de diferentes maneras por la mina.
Finalmente, de forma mucho más esperanzadora, está la aldea de Tamaquitos, cuyo pueblo insistió en la reubicación, cuando las comunidades con las que se relacionaba y de las que dependía habían sido destruidas, y que se veía cada vez más afectada por las voladuras y la contaminación de las minas de las cercanías. Los habitantes de Tamaquitos lograron evitar ser divididos por la compañía y se mantuvieron firmes en su demanda de un sitio de reubicación rural, con casas y edificios comunitarios construidos de acuerdo con su propio diseño y en armonía con sus propias tradiciones indígenas. Continúan experimentando problemas, pero les ha ido mucho mejor que a otras comunidades porque lograron mantener el control de las negociaciones con la empresa. Aun así, se quejan de que la compañía lleva mucho retraso en diversos compromisos con la comunidad, y dicen que volverán a su antiguo emplazamiento a finales de este mes si no obtienen pruebas de la voluntad de la compañía de cumplir sus obligaciones con ellos.
Escribiré más sobre estos temas en un blog futuro, pero puedo resumir las preocupaciones que se expresaron repetidamente. El tratamiento de Cerrejón Coal a las comunidades locales ha llevado a un nivel muy alto de desconfianza. La gente siente que la compañía se comporta con arrogancia y que trata a los pequeños agricultores con desprecio.
- Las comunidades afectadas por la mina, incluidas las comunidades reubicadas, a menudo carecen de suficiente agua, y el agua de la que disponen es a menudo de tan mala calidad que no es potable.
- El aire alrededor de la mina y del ferrocarril está contaminado con polvo de carbón.
- El aire y el agua contaminados están causando problemas de salud a los residentes locales.
- Las personas han perdido la sensación de libertad que solían tener en su vida rural antes de que llegara la mina.
- Muchas personas han perdido su medio de vida agrícola.
- Casi todos los 'proyectos productivos' que la mina ha financiado para posibilitar a las personas nuevos medios de subsistencia han fracasado, lo que ha dejado a las personas en una situación mucho peor que antes.
- Las viviendas en las comunidades reconstruidas es de mala calidad.
- Hay una falta de justicia para la gente de Tabaco y para las comunidades desplazadas antes del 2000.
- La compañía con frecuencia no cumple los compromisos a los que llega.
- La compañía con frecuencia no implementa las decisiones de los tribunales, que deberían ser respetadas.
- La compañía utiliza las demoras repetidas como táctica deliberada para evitar tratar a las comunidades con justicia y para socavar su determinación de continuar luchando por la justicia.
- La empresa interfiere en los procesos internos de toma de decisiones de las comunidades y crea o empeora las divisiones en ellas.
- Aunque la compañía minera ha mejorado las oportunidades educativas para muchos jóvenes en las comunidades reubicadas, se necesitan mejores oportunidades educativas en muchas comunidades.
- Los cursos de agua, incluido el Arroyo Bruno, no deberían ser desviados para dar paso a la minería.
- No debería haber una mayor expansión de la mina.
- La gente sigue insistiendo en que la tierra pertenece a sus habitantes, que han estado en la zona durante muchas generaciones, en el caso de las comunidades afrodescendientes y, desde tiempos inmemoriales en el caso de las comunidades indígenas Wayuu - no pertenece a las compañías mineras.
- La gente se pregunta qué sucederá cuando la mina se cierre: la economía regional se ha vuelto muy dependiente de ella, y existe el temor de que no se restauren las tierras afectadas por la mina.
- Los líderes comunitarios y otros que están desafiando a la compañía minera en busca de justicia están siendo blanco de amenazas de muerte contra ellos y sus familias.
Este último punto devuelve al comienzo de este informe. Muchos de nuestros amigos en La Guajira, personas que son nuestra principal fuente de información sobre lo que está sucediendo, que nos han recibido en La Guajira y nos han visitado en Gran Bretaña, viven actualmente con amenazas de muerte contra ellos y sus familias. La compañía condena públicamente tales amenazas, pero es precisamente y únicamente por el hecho de que nuestros amigos desafían a la compañía que son señalados y amenazados por personas desconocidas.
Es un deber para con nuestros amigos fortalecer nuestro trabajo de solidaridad. Después de dieciocho años de participación en la lucha de las comunidades afectadas por la mina del Cerrejón, puedo decir que algunas cosas han mejorado, pero no lo suficientemente. Mientras que las amenazas han empeorado enormemente. Nuestros amigos en las comunidades y el sindicato nos dicen que el apoyo de sus amigos en Europa, América del Norte y en otros lugares les da coraje para continuar su lucha y les ayuda a ganar las victorias que han podido conquistar hasta ahora. Tenemos que seguir adelante para que puedan continuar, hasta que obtengan justicia.
