Las comunidades agromineras del Sur de Bolívar y el sur de Cesar, llevan 26 días movilizadas a las afueras del municipio de Aguachica, Cesar, exigiendo al gobierno nacional y regional una instancia de dialogo, para discutir la grave situación social de la región. Tras dos intentos fallidos, en los que los funcionarios no dieron salida a ninguna de las problemáticas planteadas por las comunidades, éstas cansadas de las burlas del Estado Colombiano, decidieron bloquear la vía que conduce de Aguachica a la costa atlántica del país.
La respuesta por parte de la fuerza pública, ha sido clara: Violenta acción policial, traslado de efectivos del SMAD desde Bucaramanga, represión y uso de armas de fuego contra la población que se manifiesta.
En Aguachica, sur del Cesar ha sido declarado el toque de queda generando gran zozobra en la población en general.
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Colombia: Asesinan a Nelson Giraldo, líder de afectados por Megaproyecto Hidroituango
En el marco del fallo de un juez por la No respuesta a las reiteradas solicitudes de protección ante las autoridades competentes, asesinan al líder Nelson Giraldo Posada del municipio de Ituango.
El 9 de septiembre de 2013 la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín falló a favor de los afectados por Hidroituango agrupados en el Movimiento Ríos Vivos ordenando que en 6 días se resolvieran las peticiones realizadas con relación a las medidas de protección colectivas solicitadas con base en las amenazas a la vida e integridad físicas denunciadas en reiteradas ocasiones en contra de los miembros del Movimiento Ríos Vivos.
Detrás del megraproyecto de Hidroituango están, una vez más, los intereses de las multinacionales en esta caso la española IBERDROLA y sus socios en Colombia patrocinadores de los desplazamientos forzados, y de las masacres, que sus bien financiados paramilitares han ido realizando desde la histórica masacre del Aro.
El megraproyecto pretende la represa de casi 70 kilómetros del río Cauca, destruyendo el futuro agrícola de la región, la histórica minería artesanal, y condenando a cientos de miles de familias de toda la región a la miseria, el hambre y la muerte...
Nelson Giraldo Posada c.c. 1037264970 de Ituango 31 años líder del Movimiento Ríos vivos Antioquia, a cargo de un grupo de alrededor de 50 personas todas ellas afectadas por el Megaproyecto Hidroituango que se encuentran refugiadas en el Coliseo de la Universidad de Antioquia, decidió a pesar de las amenazas y por el desespero de no encontrar salidas para un retorno con garantías efectivas, visitar su antiguo sitio de trabajo con la perspectiva de retornar con el grupo de afectados y afectadas.
El 17 septiembre de 2013 a eso de las 6:30 p.m. en la playa conocida como Sardinas, jurisdicción del municipio de Ituango se escucharon cuatro tiros. Nelson Giraldo Posada fue encontrado en la orilla del Río Cauca que tanto defendió, degollado y con impactos de bala en el pecho y piernas. Deja una familia, aún refugiada en el viejo coliseo de la U de A, dos hijos y una esposa sin consuelo.
Febrero, 2012
, que se atornilla en el poder local ofertando las riquezas del país al poder transnacional, condenando al pueblo a una sangrienta historia de despojos.
Hemos olvidado ya cuántas generaciones no han conocido jamás un asomo de paz, ni voluntad de los gobernantes para permitir que sobre este suelo habite por fin una democracia real, no una pantomima macabra de rituales de urnas que pierden su sustancia democrática ante el exterminio contra la oposición política. A fuerza de represión incesante para apagar el germen de la dignidad, los gobernantes han pretendido forzarnos a enterrar en las profundidades del dolor nuestros gritos de apabullada humanidad.
1. Hacemos de la empatía social el primer paso hacia una verdadera paz
Nosotros hemos decidido conjugar el sentir de nuestro pueblo a la primera persona del plural, porque somos pluralidad, y porque hacemos de la empatía social el primer paso hacia una verdadera paz: el sentir de nuestro pueblo clama justicia en la voz de sus desterrados, despojados, empobrecidos, marginados, desaparecidos, encarcelados, amordazados, torturados, asesinados. Y nosotros decidimos ser ‘nosotros’ también con nuestros presos y muertos: porque si bien la violencia de una intolerante élite ha pretendido borrar sus ideas y sus sueños eliminándolos físicamente o separándolos de nosotros mediante rejas abyectas, en nosotros siguen vivas sus ansias de justicia y dignidad.
2. Terror que configura el latifundio a favor del gran capital
El 68% de los colombianos vivimos en la pobreza, ocho millones de nosotros deambulamos por las calles en la indigencia. Más de 5 millones hemos sido desplazados violentamente por las fuerzas represivas oficiales o paramilitares que colaboran fielmente con el regimiento militar. Hemos sido sometidos al terror que configura el latifundio a favor del gran capital transnacional, en detrimento de nuestras condiciones de sobrevivencia y dignidad, en detrimento de la soberanía alimentaria, y de la paz. Masacres, bombardeos, aspersiones y envenenamientos del suelo y del agua, preceden nuestras enlutadas marchas de destierro forzado. Nosotros los campesinos, los afrodescendientes, los indígenas que hemos intentado vivir en los suelos de nuestros ancestros, hemos sido exiliados.
Reventamos de dolor porque ya se ha rebasado el límite de resignación al sufrimiento. Cuando protestamos sufrimos exterminio, o somos sometidos al ostracismo y al silencio que impone el terror estatal.
3. Abrir los espacios de tolerancia a la reivindicación social, para hablar de paz
Somos ocho mil presos políticos a quienes se nos violentan todos los derechos humanos, ocho mil que gritamos en medio de la indiferencia de esta sociedad amordazada y empujada a la alienación, que gritamos bajo las torturas aberrantes que la dignidad no se arranca como se nos arrancan las uñas, que las rejas no impiden que los sueños existan. La institución carcelaria que denunciamos como campo de exterminio de la reivindicación social, llega incluso a denegarnos la asistencia médica como forma de tortura, empujándonos a la muerte. La organización social, el pensamiento crítico, el estudio de la historia y la sociedad colombiana han sido proscritos; a los defensores de los derechos humanos, a los sindicalistas, a los intelectuales críticos, a los artistas comprometidos con su entorno, a los ambientalistas, a los líderes comunitarios, a los campesinos, se nos considera criminales y “terroristas”.
Somos defensores de la paz, y se nos acalla por no estar de acuerdo con que decenas de miles de niños mueran anualmente en Colombia por desnutrición, falta de agua potable y enfermedades curables; por reclamar una educación gratuita que se piense para la soberanía, por reclamar que la salud sea un derecho y no una mercancía, por alzar nuestras voces contra el saqueo de nuestros recursos. Hay una guerra estatal contra el pensamiento y la empatía: nos asesinan las fuerzas represivas oficiales o las paraestatales sin que hayamos siquiera empuñado las armas. Infinitas voces yacen en las fosas comunes, otras tantas quedan esparcidas en el pavimento entre los charcos de sangre que dejan los sicarios pagados para eliminar la voz disidente.
4. La guerra de la que no se habla: la guerra sucia
Los civiles estamos siendo diezmados por la guerra sucia: el terrorismo de estado es también parte de la guerra, esa parte que nunca se nombra en los mass-media y que sin embargo representa el raudal más caudaloso del baño de sangre. La llave de la paz es exigir que cese la práctica estatal de exterminar la participación política civil, porque al verse esta participación política arrinconada de manera sistemática, los medios de reivindicación social devienen armados.
No somos “la democracia más antigua de América Latina” porque no la hemos conocido. Se nos obliga a callar para que seamos cómplices de la sanguinaria “Seguridad”, que no es otra cosa que la seguridad para que ejerzan el saqueo las transnacionales sin tener que escuchar la justa reivindicación popular; una “seguridad” que se traduce en violación de la soberanía alimentaria para las mayorías.
5. Intervencionismo de EEUU apuntala la guerra y es peligro regional
Los mismos que han convertido a una parte de los empobrecidos de Colombia en carne de cañón para proteger los intereses de las transnacionales y de una minoría criolla, permiten la instalación de la amenaza imperialista contra nuestros hermanos de la región. Hemos sido condenados a renunciar a la soberanía que heredamos de las campañas libertadoras del siglo XIX, y asistimos a la instalación de bases militares estadounidenses, desde donde se imponen las doctrinas de apisonamiento de los derechos humanos y el manejo del narcotráfico como una herramienta más de dominación. Los estadounidenses gozan de total impunidad para los crímenes que cometan en Colombia, en virtud de la inmunidad que les es otorgada por el estado colombiano. Los EEUU justifican su intervencionismo bajo el pretexto de la “lucha contra el narcotráfico”, cuando en realidad éste fortalece sus mismas arcas y asimismo a un gobierno y a sus estructuras narcoparamilitares, a la par que criminalizan al campesino cultivador de la hoja de Coca a sabiendas que ésta no es cocaína.
6. La paz no es degradar en extremo al opositor
Son los mismos gobernantes que posan exhibiendo manos cortadas y lanzan carcajadas de júbilo al lado de cadáveres, los que pretenden convertirnos a todos en aplaudidores del exterminio. Son los mismos gobernantes que han puesto tarifas a la vida, impulsando los mal llamados ‘falsos positivos’ que no son otra cosa que asesinatos de civiles para implementar los montajes militaro-mediáticos para la guerra sicológica: usando los cadáveres para el exhibicionismo necrofílico que busca degradar al opositor al presentarlo en bolsas negras, como pedazo de carne. Nosotros decimos que las y los colombianos no son pedazos de carne, y rechazamos dicha estrategia del terror estatal que enferma a la sociedad entera, degradando la ética.
Se alza el clamor por una paz con justicia social para las mayorías: una paz que nazca del debate conjunto.
7. Negociación política, cambios estructurales, cuestionar el modelo económico
La solución política es el clamor del pueblo colombiano: implementar cambios estructurales de fondo que eliminen las condiciones de despojo, desigualdad y exclusión que han dado lugar a las múltiples formas de resistencia. Urge una verdadera reforma agraria, urge la cesación de la práctica estatal de exterminar la oposición política, el desmonte de la estrategia paramilitar, la cesación de la entrega del país en concesiones a multinacionales (el 40% del país está hoy pedido por multinacionales mineras), el fin del sometimiento a la bota estadounidense. Se trata de replantear el modelo de desarrollo de la sociedad colombiana: el ser una economía dependiente, concebida como una bodega de recursos, con un desarrollo endógeno nulo, es el gen de la guerra.
No se trata de una negociación superficial, ni de negociar prebendas a la ‘reinserción’ para los insurgentes, que lo único que haría sería reinsertar a miles de mujeres y hombres a la pesadilla del hambre que crece a diario en los cinturones de miseria de las ciudades. Tampoco se trata de negociar una ‘reinserción’ para avalar que luego miles de ‘reinsertados’ sufran el exterminio estando inermes, como ya ha sucedido más de una vez en la historia de Colombia. Apelamos a la responsabilidad social e histórica: no queremos avalar otro genocidio descomunal, ni podemos pretender que el campesino despojado se resigne a la indignidad.
8. Redefinir las partes en conflicto con una visión integral, para caminar hacia la paz
La paz no es un acuerdo solamente entre el gobierno y las guerrillas, porque las partes en este conflicto van más allá de esa definición estrecha que lo único que busca es quitarle su carácter esencialmente social y económico al conflicto: las partes somos todos los colombianos; también consideramos parte del conflicto a las transnacionales que se benefician del despojo fomentando masacres y desplazamientos poblacionales; a los Estados Unidos que constantemente intervienen en nuestros asuntos. Uno de los puntos medulares del problema es el negocio gigantesco que el complejo militar-industrial estadounidense y europeo tiene con el gobierno colombiano: la compra de aparatos de destrucción es financiada por el erario público, y por una creciente deuda externa que se le endosa de manera ilegítima a todo el pueblo colombiano.
9. Por la paz con justicia social hasta la última gota de nuestros sueños
No creemos en acuerdos que se basen sólo en la entrega de armas, porque lo que sustentaría una verdadera paz en Colombia sería que los codiciosos depusieran su codicia, cesaran la depredación de los recursos de Colombia a costa del despojo y genocidio contra sus gentes. Para la paz haría falta que el latifundio, las transnacionales, el estamento militar, desactivaran su herramienta paramilitar; y que cesaran definitivamente las pretensiones del fuero penal militar y demás artimañas del lúgubre aparato de impunidad que perpetúa el horror. El gasto militar es descomunal: más de 12.000 millones de dólares anuales; para la paz reclamamos que esta suma sea invertida en salud, educación, vivienda, desarrollo endógeno.
Queremos poder participar en el debate político amplio, en la construcción social sin ser asesinados; queremos que cese el exterminio contra la reivindicación social, que sean liberados los presos políticos, que cese la desaparición forzada… Son algunos pasos.
Nuestra intención es acercarles al sueño de un pueblo, que a fuerza de terrores se ha tardado en nacer. Hacemos un llamado a la opinión pública internacional para que se solidarice con el pueblo colombiano, y lo acompañe en un proceso de negociación política del conflicto social y armado. Entendemos que el conflicto es ante todo social, y deviene armado ante la intolerancia política del estado, y que la guerra en Colombia tiene su principal factor de durabilidad en la alimentación que los Estados Unidos suplen a los aparatos del estado.
En el corazón de América, al son de tambores, de gaitas, acordeones, el alma de un pueblo danza; custodia en la policromía de su piel milenios de historia; guarda recónditos saberes susurrados por las selvas. Un pueblo llora sobre las tumbas desparramadas en su latitud silente. Latiendo está Colombia con una geografía repleta de cantarinas cascadas, de multitud de verdes; se enrisca, se extiende, se oculta selvática, se asoma abisal y oceánica; nada en ella es avaricia, es toda abundancia; su pueblo clama por vivir dignamente en el paraíso que unos pocos pretenden atesorar: “¡POR LA PAZ, HASTA LA ÚLTIMA GOTA DE NUESTROS SUEÑOS!”
La soberanía es popular, los territorios son de los pueblos, la Madre Tierra es de quien la cuida.
15.000 delegadas y delegados de las organizaciones campesinas y de trabajadores y trabajadoras del campo y las ciudades, de los pueblos indígenas y afrodescendientes, de pobladores urbanos, las organizaciones de víctimas de crímenes de Estado y de víctimas del desarrollo capitalista, nos hemos reunido en Cali entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre de 2011 en torno de la defensa de la vida y de la Madre Tierra, para ratificar nuestra voluntad de trabajo y movilización conjunta, y continuar el proceso de legislación propia sobre el territorio.
1. Hemos venido a defender la vida y la Madre Tierra. Hemos comprobado que la única opción de vida no es el consumismo, la adicción al petróleo, la destrucción de la naturaleza y la economía impulsada por la guerra. Los aquí presentes ya venimos construyendo la alternativa: territorios gobernados por las comunidades, relaciones sociales y de trabajo equitativas e igualitarias, economías sustentables donde impera el uso respetuoso de los bienes de la naturaleza, decisión autónoma sobre la producción de alimentos.
(...)
2. Dos tesis hemos confirmado: la profunda inequidad del sistema político y socio-económico que rige a Colombia, y la oposición del bloque político en el poder para transformar ese modelo y reformarse a sí mismo. Por el contrario: el país sigue secuestrado por las mafias y la parapolítica, y las acciones que el gobierno nacional dice realizar para enfrentar estos sectores evidencian que no irá a la raíz del problema --la persistencia del latifundio armado y la alianza de éste con la oligarquía industrial y financiera--, y por el contrario utilizará la justa aspiración social de combatir el paramilitarismo y el despojo de tierras, para ajustar aún más el modelo territorial a los requerimientos del capital.
Convocatoria al Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías Oct 2011
Las Autoridades indígenas del Territorio Ancestral de Sa’th Tama Kiwe conformados por los Resguardos indígenas de las Mercedes, Laguna Siberia, La Aguada San Antonio, Pueblo Nuevo, Caldono, y Pioya, en calidad de autoridades legítimas y legalmente constituidas, y por mandatos de la comunidad seguimos reafirmando nuestros principios; Unidad, tierra, cultura y Autonomía para la defensa de nuestra Madre Tierra.
Las comunidades indígenas ancestralmente hemos convivido con la naturaleza, respetando las leyes de origen, que la misma Madre Tierra nos la transmitido y que de generación en generación hemos seguido respetando y acatando estos mandatos. El hombre en general es parte de la naturaleza, por tanto ella no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a ella. Y como hijos la respetamos y luchamos por la defensa de la Vida y la pervivencia de todos los seres que nos hacen posible la existencia.
Que ante las pretensiones engañosas de las multinacionales y pequeñas empresas de saqueadores de los “recursos naturales”, que para nosotros son elementos vitales para la supervivencia de la especie humana y de la vida de todo el planeta. Ratificamos que no estamos de acuerdo y no aceptamos ninguna modalidad de explotación a nuestra MADRE TIERRA, pues conocemos los efectos que han ocasionado en otras partes de Colombia y el mundo y los efectos por venir aún la humanidad no los dimensiona por su afán de capitalizar todo lo que se ve a nuestro alrededor.
La Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia manifestamos nuestra preocupación por las
amenazas a la vida de JAMES RUIZ, MARIO CASTAÑO, MARLENY BENÍTEZ,
FELIPE TRIANA, ARGEMIRO HERNÁNDEZ y EDWIN REBOLLEDO,
pobladores del Curvaradó y exigimos se garantice la protección de sus vidas y
se tomen las medidas necesarias para que cesen las amenazas y presiones psicológicas, así como la ocupación de mala fe
de sus tierras en predios colectivos de Curvaradó, Pedeguita y Mansilla 
