Guatemala: visita de representantes internacionales por asesinatos a sindicalistas

Representantes del Sindicato Internacional de Servicios Públicos manifestaron al presidente Otto Pérez Molina su preocupación porque Guatemala es el país donde se han cometido más muertes de sindicalistas en los últimos cinco años.

La misión es consecuencia de la profunda preocupación ocasionada por los 58 asesinatos de líderes sindicales, que a la fecha de hoy aún permanecen en estado de impunidad. El Presidente Otto Pérez reconoció en audiencia con integrantes de la misión que para Guatemala y su Gobierno es una "vergüenza" que su país figure actualmente en el ámbito internacional como el país más peligros del mundo para ejercer el sindicalismo.

Exigen del Gobierno que se tomen las medidas necesarias para proteger la integridad de los líderes sindicales y sus familias. De lo contrario, solicitaran al Parlamento Europeo que se paralice el acuerdo comercial entre Guatemala y la Unión Europea, pues "no puede haber comercio sin justicia para los trabajadores y sus comunidades"

Colombia: Tribunal Mundial de Libertad Sindical condena al Estado

SENTENCIA      (...) VI.- SOBRE LOS HECHOS COMPROBADOS

El Tribunal ha podido comprobar que en el Estado y sectores empresariales colombianos existe una especie de cultura antisindical, que corre en paralelo con una cultura de la violencia como forma de resolver los conflictos. Un comportamiento es cultural cuando mas allá de su legalidad o legitimidad está socialmente considerado como incorporado al orden natural de las cosas.

(...) Con procesos de violencia contra la fuerza de trabajo se ha logrado en este país deslaboralizar la contratación individual, disfrazada como contratación civil, y sustituir al trabajador formal por trabajo subcontratado o tercerizado. Paralelamente, este proceso ha sido acompañado por una fuerte ofensiva contra el derecho a la negociación colectiva, desnaturalizándose e incumpliéndose los convenios colectivos de trabajo vigentes, cuyas cláusulas son sistemáticamente violadas, tanto por el Estado como por los empleadores privados.

(...) Frente a la violencia irracional, generalmente originada en función de la protección de los intereses de los grupos económicos y de las empresas multinacionales, la reacción del Estado  colombiano, reiteradamente denunciado y condenado por los organismos internacionales, ha sido la de desarrollar ineficientes procedimientos de protección de los dirigentes sindicales, omitiendo atacar con auténtica convicción política las causas que motivan dicha violencia.

El Tribunal da por acreditado que en Colombia existe una indisimulada alianza entre el Estado y los grupos económicos y financieros, locales y extranjeros. Por lo tanto, resulta evidente que existen poderosos intereses para mantener un movimiento sindical débil y fragmentado, (...)

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Colombia sigue siendo el país más peligroso del mundo para ejercer el sindicalismo

Reporte Mundial de Human Rights Watch sobre Colombia La violencia ha provocado el desplazamiento interno de millones de colombianos y continúa desplazando a varias decenas de miles cada año. Es común que actores armados amenacen o ataquen a defensores de derechos humanos, periodistas, líderes comunitarios, docentes, sindicalistas, líderes indígenas y afrocolombianos, líderes de personas desplazadas y víctimas de paramilitares que reclaman justicia o la restitución de tierras. Durante su primer año de gobierno, la administración del Presidente Juan Manuel Santos pareció mostrar mayor preocupación sobre temas de derechos humanos respecto del gobierno del ex Presidente Álvaro Uribe, que se vio empañado por una sucesión de escándalos vinculados con ejecuciones extrajudiciales perpetradas por miembros del Ejército, un proceso de desmovilización paramilitar que fue ampliamente cuestionado y abusos por parte del servicio de inteligencia nacional.  No obstante, los grupos sucesores de los paramilitares continúan creciendo, mantienen extensos vínculos con miembros de la fuerza pública y funcionarios locales, y cometen atrocidades en forma generalizada. También han persistido los hechos de violencia contra defensores de derechos humanos, líderes comunitarios y sindicalistas. Numerosos candidatos a las elecciones locales de octubre de 2011, que ocurrieron en todo el país, fueron asesinados, en un contexto en el cual trascendieron denuncias sobre presuntos vínculos entre candidatos y grupos armados. Según la ONG colombiana Misión de Observación Electoral, 40 candidatos fueron asesinados durante 2011, lo cual representa un incremento del 48 por ciento respecto de los homicidios de este tipo reportados durante las elecciones locales de 2007. Asimismo, los nuevos proyectos de reforma constitucional impulsados por el gobierno de Santos podrían favorecer la impunidad de violaciones de derechos humanos, al ampliar el alcance de la justicia penal militar en casos de abusos militares y al permitir que se otorguen amnistías en casos de violaciones graves cometidas por todos los actores. Leer más