"Me sacaron como un delincuente" Don Moisés acongojado
manifiesta sentirse morir en vida "el destierro es el paso previo a la
muerte", luego de que el Esmad violentamente sacara sus pertenencias, lo
forzará a salir y demolieran su casa, donde nació, se crió y forjó su proyecto
de vida; a merced de una multinacional (Engesa, subsidiaria de la española
Endesa), en complicidad con la Alcaldía de Gigante, Personería, Defensoría del
Pueblo... Realmente indignante!
Moisés Sánchez de 59 años fue desalojado sin
que se le haya restituido su actividad productiva conforme a lo establecido en
la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico el Quimbo. Según palabras de
don Moisés Sánchez después de despojarlo de sus bienes, fuerzas del Esmad lo
arrastraron y maltrataron, para proceder a la destrucción de su habitación
donde nació y forjó su proyecto de vida.
Ante los incumplimientos de la licencia
ambiental y el detrimento patrimonial por parte de la empresa Emgesa-Enel
constatados por la Contraloría General de la Nación, la estrategia de los
desalojos solicitados por Emgesa-Enel y facilitados por las autoridades locales
se ha convertido en la única forma que el Gobierno Nacional en connivencia con
la transnacional para imponer por la fuerza el ecocida proyecto hidroeléctrico
el Quimbo.
Recorrer
la zona donde se construye la hidroeléctrica de El Quimbo es ver como Emgesa,
Enel y Endel destruyen de manera acelerada el territorio. Lo que implica la
destrucción de todo lo que se encuentra a su paso, ecosistema y población
afectada que agudiza una crisis social evidente en las movilizaciones.
Es poco lo que se salva, casi
todo parece ser destruido. En menos de un año son millones de árboles que han
sido talados. Las dimensiones de afectación ambiental son irreparables y la
extinción de la población de animales es inevitable.
Carlos Cuellar, propietario de una reserva natural en la zona narra que vio una
manada de nutrias que tienen como habitat natural el río Magdalena, desplazadas
a un lago contaminado del sector. En su mirada hay reflejo de nostalgia, “ahí
no es posible que sobrevivan no tienen comida”.
Son ya unos
1500 campesinos los que han sido desplazados, entre ellos quedan persona que aún
resisten a no dejar su territorio, es que ya otros han partido. Van siete los
muertos desde que se empezó a hablar de El Quimbo y la presión para abandonar
su territorio se aceleró, decidieron primero morir antes que versen obligados a
dejar todo lo construido en el lugar.
El poblado de Domingo Arias fue
destruido, parecen las ruinas de un caserío azotado por un grupo armado, pero
son las ruinas del desplazamiento al que fue sometida la población. Las fincas
han sido destruidas para poder ser compradas por Emgesa, bajo la falsedad que
eran terrenos inutilizados y sin infraestructura que generara condiciones
sociales. Se demolieron las casas para que parecieran ruinas como sucedió con
sistemas de riegos, así pasó con la finca el Azuceno en donde a pesar de la
destrucción habitantes tienen muy claro que era un lugar habitable y hace muy
poco destruido.
A esto se suma la grave situación económica de
los pobladores del lugar, no es para menos con el proyecto el costo de vida en
la zona se incrementó, las tierras que no se inundarán parecen las más costosas
de país. La situación se agudiza cuando se ha perdido las fuentes de empleo y
la cadena productiva de la zona que provenía de la agricultura y ganadería.
Zoraida Bravo, madre de 5 hijos manifestó que viven sólo de la pesca, “para
nosotras no hay ni empresas, hay muchas madres de hogar que no hayan que hacer
sin fuente de trabajo porque la represa se las quitó”.
Gran parte de la población ha perdido sus actividades productivas, por eso
exigen una indemnización, el pago de los ingresos perdidos y la restitución de
sus actividades productivas. Por la construcción los volqueteros, ya no pueden
extraer arena, estos fueron los últimos que protagonizaron una movilización en
el lugar.
Aserradores con más de 20 años de trabajo están afectados por perder su
actividad económica. Pequeños mineros artesanales como Emiro Cuellar, sostienen
que están desamparados, aguantado hambre y necesidades, puesto que se afectaron
las minas de oro de Hobo, área de la que fueron desplazado al restringir su
ingreso, “Se nos aproxima, Dios no libre de una guerra civil, estamos a la
intemperie y no tenemos rumbo de trabajo”.
Los jornaleros fueron despedidos de fincas negociadas por Emgesa. Así sucedió
con la hacienda La Virginia en Altamira que compró Emgesa para reubicar a
campesinos de la vereda la Escalereta en el Agrado. Obligando a más de 20
jornalearon a dejar sus trabajos, poniendo en riesgo el sustento económico de
las familias.
Autoridades denuncian que los refugiados, a pesar que
cuentan con reconocimiento consular, no son tomados en cuenta para beneficios
como acceso a salud, educación y empleo. Explican que en parte, este
problema radica en la falta de documentación requerida, lo cual dificulta la
integración local de refugiados y la búsqueda de la autosuficiencia económica.
