PARLAMENTARIAS/OS DEL ESTADO ESPAÑOL EXIGEN EL CUMPLIMIENTO INTEGRO DEL ACUERDO DE PAZ EN COLOMBIA A LOS CINCO AÑOS DE SU FIRMA

 26 integrantes del Interparlamentario por la Paz en Colombia, miembros electos del Congreso, del Senado, del Europarlamento y de diversos Parlamentos Autonómicos, pertenecientes a una docena de grupos políticos diferentes, subscriben el siguiente pronunciamiento 

El próximo 24 de noviembre se cumple el 5º aniversario de la firma del Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto suscrito en Bogotá en 2016 entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que ponía fin a un conflicto armado interno que duraba más de 50 años y que había provocado alrededor de nueve millones de víctimas.

La firma del Acuerdo en Colombia llenó de esperanza al país y al mundo entero. En muy pocos meses, las tasas de violencia disminuyeron drásticamente a la vez que crecía con fuerza la confianza popular en un proceso que sentaba las bases para una nueva sociedad basada en principios de paz y justicia social.

Tales expectativas, sin embargo, pronto comenzaron a desvanecerse o a palidecer. Uno tras otro, los ejes del Acuerdo fueron congelados o postergados por parte de los sucesivos gobiernos colombianos. Así la Reforma Agraria Integral fue completamente ignorada, al punto de que, todavía hoy presenta un cumplimiento menor al 3% de lo acordado; la restitución de tierras a la población campesina, indígena y afrodescendiente desplazada forzadamente, ha sido prácticamente nula; las alternativas sostenibles para la sustitución de cultivos ilícitos, abandonadas;  y el apoyo a los proyectos dirigidos a la reincorporación de  excombatientes a la vida social, olvidado. Como consecuencia, la exclusión histórica de los pueblos étnicos colombianos se perpetúa e incluso se agrava, pues los líderes de la reclamación de tierras usurpadas son objeto de nueva persecución, en un clima de estricta impunidad. De igual modo, el capítulo sobre enfoque de género y todo lo referente a los colectivos LGTBI apenas ha sido implementado en un 20%, con lo que unas y otros/as continúan siendo objetivos predilectos del paramilitarismo y otros grupos armados. Desde 2016 han sido asesinadas 176 lideresas y defensoras de DD. HH.

De hecho, el clima de violencia por el auge de grupos armados ilegales, especialmente los neo-paramilitares, las violaciones de derechos humanos especialmente sobre defensoras/es y líderes/as sociales, así como la militarización creciente de la vida social del país y el aumento de la represión violenta por parte de la Fuerza Pública frente a las reivindicaciones populares, se ha venido incrementando año tras año hasta superar los índices de violencia anteriores a la firma del Acuerdo. Desde la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinadas 1267 personas líderes sociales y defensoras de los derechos humanos y 292 excombatientes en proceso de reincorporación. En lo que va de 2021 se han documentado 87 masacres con 293 víctimas.Y durante las semanas del Paro Nacional han sido asesinadas 80 personas, a la vez que, al menos, 28 mujeres han sido víctimas de violencia sexual.

Las causas últimas de este caos no radican sólo en personas que actúan individualmente al margen de la ley, sino en factores estructurales que Colombia debe afrontar con urgencia, si quiere vivir en paz. Entre ellas cabe señalar la excepcional desigualdad social en el país, la exclusión social y política, el expolio y concentración de tierras y la voraz actuación de las empresas transnacionales sobre los territorios y las comunidades que los habitan. 

A terminar con esos factores de injusticia social contribuyen de modo decisivo, al menos en su fase inicial, los Acuerdos de Paz de 2016, cuyo primer objetivo es la consolidación de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, como condición fundamental para una paz duradera.

Por ello, los abajo firmantes, diputadas/os y senadores en diferentes Parlamentos del Estado español, y miembros de diversos grupos políticos, consideramos hoy de la máxima relevancia y urgencia política 

*HACER UN LLAMAMIENTO PÚBLICO, a los cinco años de su firma, para la Implementación integral de todos los aspectos del Acuerdo de Paz, a fin de hacer posible una paz justa y sostenible en el país. 

*REITERAR nuestro apoyo inequívoco al proceso de paz y, en particular, al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición conformado por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

*INSTAR al Gobierno español y a la Unión Europea para que adopten una posición más pro-activa y empleen toda su capacidad diplomática ante el Gobierno colombiano para eliminar los obstáculos al Proceso de Paz. 

*URGIR al Gobierno colombiano a reanudar las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional para alcanzar una salida negociada y definitiva del conflicto, así como adoptar medidas efectivas para el desmantelamiento de los grupos paramilitares vigentes.

*INSTAR FORMALMENTE al Gobierno español y a la Unión Europea para que se impliquen en la observación internacional de los procesos electorales que han de tener lugar en Colombia en 2022, a fin de desvelar e impedir la compra masiva de votos que algunas organizaciones de Derechos Humanos están ya denunciando.

En el Estado español, a 24 de Noviembre de 2021

SUBSCRIBEN, por el Grupo Interparlamentario por la Paz en Colombia:

Congreso: Bustamante Martín, Miguel; Fernández Casero, Ana Belén; Gomez-Reino Varela, Antón; Illamola Dausà, Mariona; Muñoz Dalda, Lucía; Pisarello Prados, Gerardo; Villagrasa Quero, Noemí.

Senado: Escandell Grases, Adelina; Martínez Urionabarrenetxea, Koldo; Surra Spadea, Ana.

Europarlamento: Miranda Paz, Ana; Urbán Crespo, Miguel; Villanueva Ruíz, Idoia

Parlamentos de:

Aragón: Sanz Remón, Álvaro 

Asturias: Palacios García, Rafael Abelardo; Vallina de la Noval, Ángela; Zapico González, Ovidio. 

Catalunya: González Herrera, Jessica

Comunitat Valenciana: Castelló Cervera, Trinidad; Gómez Santos, Irene; Mira Rojano, Aroa; Rodríguez Armigén, Cristina.

Extremadura: Jaén Barbado, Álvaro

Madrid: Lillo Gómez, Vanessa

Navarra: Perales Hurtado, Patricia

Rioja: Moreno Martínez, Henar 

Miedo y odio en La Guajira

Informe de Richard Solly, miembro de Colombia Solidarity Campaign y coordinador de London Mining Network 

(11 de Agosto, 2018)

Es triste ver miedo en las caras de las personas que quieres debido a las amenazas que están recibiendo.

Entre el 2 y el 7 de agosto estuve en La Guajira, Colombia, visitando comunidades afectadas por la mina Cerrejón, una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo. Es propiedad de tres de las compañías mineras más grandes del mundo, todas cotizadas en la Bolsa de Londres: Anglo American, BHP y Glencore. Estas tres compañías compraron la participación del 50% del gobierno colombiano en la mina, a finales del 2000, y luego compraron el 50% restante, propiedad de Intercor, una subsidiaria del gigante petrolero estadounidense Exxon, en febrero de 2002.

La concesión minera cubre 690 kilómetros cuadrados, y dentro de esa gran área hay seis pozos enormes. Estas no son como las minas de carbón tradicionales, donde un pozo delgado se abría en el suelo para acceder a las vetas de carbón en las profundidades; estos son agujeros abiertos gigantescos, de donde se extrae el carbón utilizando enormes palas mecánicas. Todo aquello que esté en la superficie - bosques, tierras de cultivo, pueblos - tiene que ser arrasado para abrir el pozo y obtener el carbón.

Esta visita fue organizada por la organización estadounidense Witness for Peace bajo la guía de los académicos estadounidenses Avi Chomsky, Steve Striffler y Emma Banks, con quienes hemos venido trabajando durante muchos años. Visitamos nueve comunidades y recibimos testimonios de otras seis. Tuvimos conversaciones con el sindicato de mineros, Sintracarbón, y participamos en una reunión entre líderes comunitarios, representantes sindicales y la gerencia de la mina.

Ésta fue mi séptima visita a la zona. La primera fue en el 2000. Entonces, visité el hermoso pueblito agrícola de Tabaco. Fue destruido en agosto del 2001 y desapareció en la mina. Una decisión judicial colombiana de mayo del 2002 ordenó que se reconstruyera la población en otro sitio para que las personas pudieran continuar viviendo juntas como una comunidad agrícola. En el 2008, la empresa Cerrejon Coal llegó a un acuerdo con la comunidad para comprar tierras y ayudar a reconstruir la aldea en un nuevo sitio. El punto débil fatal de este acuerdo fue que la municipalidad local, que es pobre, tenía que pagar el costo de la reconstrucción de la aldea. No podía, y no puede, permitírselo. Todavía no existe una nueva aldea, y la comunidad se mantiene geográficamente dispersa y dividida entre sí sobre la mejor vía a seguir. El costo de la reconstrucción de la población probablemente podría cubrirse con una suma inferior a la paga anual de los directores ejecutivos de cualquiera de las tres multinacionales involucradas.

Luego están las comunidades que fueron trasladadas como comunidades enteras a pueblos recién construidos como resultado de su propia y dura lucha y con la ayuda de organizaciones como Colombia Solidarity Campaign, London Mining Network y otros aliados en todo el mundo, que dieron difusión a sus demandas y presionaron a las compañías para que mejoraran su actuación. Estas eran aldeas rurales y sus habitantes, en su mayoría, querían seguir viviendo de la agricultura a pequeña escala. Han sido trasladados a sitios semi-urbanos cerca de la ciudad de Barrancas, sin tierra suficiente para ganarse la vida de ella y sin posibilidades para buscar otros medios de vida.

También hay comunidades afectadas por la línea ferroviaria que lleva el carbón de la mina al puerto, a ciento sesenta kilómetros al noreste, en la costa del Caribe, para exportar a Europa, América del Norte y Asia. Éstas sufren la contaminación del polvo de carbón que escapa de los vagones abiertos, el ruido de los largos trenes que pasan a todas horas y de la presencia opresiva del ejército colombiano, estacionado allí para proteger el ferrocarril de posibles ataques. Cabezas de ganado y, en ocasiones personas, son arrolladas y muertas por los trenes, siendo las compensaciones por las pérdidas de la gente consideradas un insulto profundamente ofensivo, ignorando las tradiciones de los indígenas Wayuu, cuya tierra cruza el ferrocarril.

También hay comunidades que fueron dispersadas en las primeras etapas de expansión de la mina, en los años ochenta y noventa, sin provisión ninguna para la reconstrucción de sus aldeas y con una compensación totalmente inadecuada, en caso de haberla. Y hay otras comunidades afectadas de diferentes maneras por la mina.

Finalmente, de forma mucho más esperanzadora, está la aldea de Tamaquitos, cuyo pueblo insistió en la reubicación, cuando las comunidades con las que se relacionaba y de las que dependía habían sido destruidas, y que se veía cada vez más afectada por las voladuras y la contaminación de las minas de las cercanías. Los habitantes de Tamaquitos lograron evitar ser divididos por la compañía y se mantuvieron firmes en su demanda de un sitio de reubicación rural, con casas y edificios comunitarios construidos de acuerdo con su propio diseño y en armonía con sus propias tradiciones indígenas. Continúan experimentando problemas, pero les ha ido mucho mejor que a otras comunidades porque lograron mantener el control de las negociaciones con la empresa. Aun así, se quejan de que la compañía lleva mucho retraso en diversos compromisos con la comunidad, y dicen que volverán a su antiguo emplazamiento a finales de este mes si no obtienen pruebas de la voluntad de la compañía de cumplir sus obligaciones con ellos.

Escribiré más sobre estos temas en un blog futuro, pero puedo resumir las preocupaciones que se expresaron repetidamente. El tratamiento de Cerrejón Coal a las comunidades locales ha llevado a un nivel muy alto de desconfianza. La gente siente que la compañía se comporta con arrogancia y que trata a los pequeños agricultores con desprecio.

- Las comunidades afectadas por la mina, incluidas las comunidades reubicadas, a menudo carecen de suficiente agua, y el agua de la que disponen es a menudo de tan mala calidad que no es potable. 

- El aire alrededor de la mina y del ferrocarril está contaminado con polvo de carbón. 

- El aire y el agua contaminados están causando problemas de salud a los residentes locales. 

- Las personas han perdido la sensación de libertad que solían tener en su vida rural antes de que llegara la mina. 

- Muchas personas han perdido su medio de vida agrícola. 

- Casi todos los 'proyectos productivos' que la mina ha financiado para posibilitar a las personas nuevos medios de subsistencia han fracasado, lo que ha dejado a las personas en una situación mucho peor que antes. 

- Las viviendas en las comunidades reconstruidas es de mala calidad. 

- Hay una falta de justicia para la gente de Tabaco y para las comunidades desplazadas antes del 2000. 

- La compañía con frecuencia no cumple los compromisos a los que llega. 

- La compañía con frecuencia no implementa las decisiones de los tribunales, que deberían ser respetadas. 

- La compañía utiliza las demoras repetidas como táctica deliberada para evitar tratar a las comunidades con justicia y para socavar su determinación de continuar luchando por la justicia. 

- La empresa interfiere en los procesos internos de toma de decisiones de las comunidades y crea o empeora las divisiones en ellas. 

- Aunque la compañía minera ha mejorado las oportunidades educativas para muchos jóvenes en las comunidades reubicadas, se necesitan mejores oportunidades educativas en muchas comunidades. 

- Los cursos de agua, incluido el Arroyo Bruno, no deberían ser desviados para dar paso a la minería. 

- No debería haber una mayor expansión de la mina. 

- La gente sigue insistiendo en que la tierra pertenece a sus habitantes, que han estado en la zona durante muchas generaciones, en el caso de las comunidades afrodescendientes y, desde tiempos inmemoriales en el caso de las comunidades indígenas Wayuu - no pertenece a las compañías mineras. 

- La gente se pregunta qué sucederá cuando la mina se cierre: la economía regional se ha vuelto muy dependiente de ella, y existe el temor de que no se restauren las tierras afectadas por la mina. 

- Los líderes comunitarios y otros que están desafiando a la compañía minera en busca de justicia están siendo blanco de amenazas de muerte contra ellos y sus familias.

Este último punto devuelve al comienzo de este informe. Muchos de nuestros amigos en La Guajira, personas que son nuestra principal fuente de información sobre lo que está sucediendo, que nos han recibido en La Guajira y nos han visitado en Gran Bretaña, viven actualmente con amenazas de muerte contra ellos y sus familias. La compañía condena públicamente tales amenazas, pero es precisamente y únicamente por el hecho de que nuestros amigos desafían a la compañía que son señalados y amenazados por personas desconocidas.

Es un deber para con nuestros amigos fortalecer nuestro trabajo de solidaridad. Después de dieciocho años de participación en la lucha de las comunidades afectadas por la mina del Cerrejón, puedo decir que algunas cosas han mejorado, pero no lo suficientemente. Mientras que las amenazas han empeorado enormemente. Nuestros amigos en las comunidades y el sindicato nos dicen que el apoyo de sus amigos en Europa, América del Norte y en otros lugares les da coraje para continuar su lucha y les ayuda a ganar las victorias que han podido conquistar hasta ahora. Tenemos que seguir adelante para que puedan continuar, hasta que obtengan justicia.

BRIGADAS A COLOMBIA: EL PAÍS REAL

Conxi Olid (Barcelona) Pau Vendrell (València) - CEDSALA

Recorrer con la Red de Hermandad y Solidaridad (REDHER) el centro oriente colombiano ha implicado abrir los ojos a realidades que, o bien no conocíamos, o bien conocíamos parcialmente. Ha supuesto adentrarnos en procesos políticos de gran magnitud, porque desde pequeñas comunidades se hace frente a los grandes poderes del Estado o de las multinacionales. Observar y aprender de la organización en los resguardos indígenas como el de Wacoyo, en Puerto Gaitán; admirarnos con la capacidad de resiliencia de las mujeres en asentamientos como el de La Bendición o Mi Nueva Esperanza, en Yopal y en Pore; compartir la lucha obrera en plantas petroleras como las de Tauramena, y resituar nuestra mirada ante los movimientos de resistencia del campesinado que no resigna en Caño Seco o Saravena. Rendirnos ante la dignidad que demuestran poblaciones como La Salina o los activistas que homenajean a los asesinados de Caño Limón. Encontrarnos con realidades para nosotros nuevas, como la protección del territorio y el paisaje que protagoniza el campesinado próximo a los páramos en el Cocuy o Tutazá, así como la revuelta ante el desastre ecológico que impulsan los vecinos y vecinas del vertedero de Doña Juana en Ciudad Bolívar, y ante el desastre social que luchan para revertir los jóvenes de Soacha…

Este es el país real. La Colombia viva, que no sucumbe ni ante la crudeza de su situación, ni ante las amenazas del Estado, del paramilitarismo o de las grandes multinacionales frente a cuyos intereses choca su propia existencia. Nuestra impresión es que esta Colombia real está demasiadas veces obviada, invisibilizada. Que el ámbito urbano olvida al rural, que las clases pudientes apartan su mirada de la pobreza en masa del propio país, que se pasa de largo ante el problema de la sobreexplotación de los recursos naturales (verdadera riqueza del país, junto con su gente), de su privatización para negocio de unos pocos, y de la destrucción de los ecosistemas que dan vida a esa Colombia diversa que también hemos conocido y apreciado.

Internacionalismo significa algo tan sencillo como encontrar el sustrato de aquello que nos es común a las gentes que vivimos artificialmente alejadas por fronteras inventadas a sangre y fuego. Es observar y comprender el denominador común de nuestras luchas, a pesar de que nos separen océanos, e implicarnos en la batalla por la dignidad, el respeto y la justicia social en nuestros pueblos. En ello nos hemos intentado aplicar como internacionalistas en esta Caravana que en 2018 ha organizado Redher. Una iniciativa encomiable que nos ha permitido captar los diferentes acentos de Colombia, las variadas y comunes problemáticas y las vías de solución que con imaginación y empoderamiento se encuentran, las similitudes y divergencias entre formas de vida y de entender el mundo… En definitiva, la diversidad de un país, Colombia, que nos ha acogido sin identificarnos por nuestra nacionalidad, nuestra lengua o nuestro tono de piel. La Colombia real, diversa y luchadora por un presente y un futuro mejor para sus gentes.

Comunicat de CEDSALA sobre la situació a Nicaragua

Des de fa dos mesos, molta tinta ha corregut a propòsit de la situació que travessa Nicaragua.

A les persones que formem part de CEDSALA, Centre de Documentació i Solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica, ens dol aquesta situació, ja que aquest comité de solidaritat naix a la calor de la Revolució Sandinista a la fi dels 70, i moltes persones ens impliquem des d'aquesta organització en la solidaritat amb el poble de Nicaragua i sempre ens hem sentit unides per tot el viscut i compartit a través dels anys amb aquest poble

Fins abans que esclatara el conflicte, hi havia un cert consens a caracteritzar Nicaragua, en comparació amb els seus veïns, com un país tranquil, en el qual s'havien aconseguit algunes millores socials.  No obstant això, som conscients de la deriva del Front Sandinista, que s'allunya de les seues bases populars i de les seues posicions històriques en el camp socialista, allunyament que s'ha jalonat mitjançant una sèrie de pactes amb l'església, el partit liberal o l'empresariat nicaragüenc.

Volem assenyalar el context geopolític que travessa Amèrica Llatina i l'intent d'acabar amb els governs que no accepten el dictamen de les multinacionals per mitjà dels anomenats “colps blans”. A Nicaragua, són notòries les implicacions de l'Església i els EUA, des de fa anys, per a traure, aprofitant el descontent del poble cap al seu govern, a aquest del poder i, en el seu lloc, posar un govern d'acord amb les seues  polítiques neoliberals. 

Malgrat la quasi unànime versió interessada que ens arriba a través dels mitjans de comunicació generals, que insisteix en una situació d' “alçament popular”, respost amb una repressió indiscriminada per part del govern, les informacions que ens arriben directament des de Nicaragua, d'una part i d'una altra, ens fa plantejar-nos algunes reflexions:  

- Creiem que hi ha disconformitat i crítiques justes des de diferents instàncies amb el govern actual i sobretot amb el president Daniel Ortega i la vicepresidenta Rosario Murillo. Però, desgraciadament, no existeix una alternativa d'esquerres a l'actual direcció del Front que, en el cas de la seua caiguda, permetera un resultat diferent que l'arribada al govern de la dreta més recalcitrant i el seu aliat de sempre. 

- Pensem que l'esclat d'aquest conflicte, que té com a motiu la reforma de la Seguritat Social, només és l'espurna que va servir per a l'incendi del descontent d'una part del poble, però sobretot de l'empresariat. Uns ixen al carrer per a protestar contra les polítiques governamentals, i, uns altres, per a aprofitar aquest descontent i crear conflicte per a enderrocar el govern, i sembla que no, precisament, per la via de les urnes.

- Entenem que en gran manera, darrere de les destrosses i la violència, es troba la mà d'EUA, que ha tingut i té una gran activitat a Nicaragua, a través de la USAID, la CIA, el National Endowment for Democracy, el National Democratic Institute, esglésies evangèliques, ONGs, associacions d'estudiants, partits polítics, etc. que reben diners i suport material. 

   En aquests dos mesos la violència  exercida per ambdues parts  ha causat massa dolor i mort, per la qual cosa creiem que la solució del conflicte  és   que  s'investigue, que isquen a la llum els vertaders responsables de tanta mort i destrucció i  que no queden impunes, que els diferents actors implicats en aquesta trista situació, siguen capaces de mantenir, amb serenitat i autocrítica,  una taula de diàleg, en la qual s'arribe a acords que traguen al poble  de Nicaragua d'aquesta barbàrie i incertesa sobre el seu futur,  sense intervenció estrangera. 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA A FAVOR DELS DEFENSORS I DEFENSORES DELS DRETS HUMANS, DEFENSORS DE LA VIDA I DE LA HUMANITAT

Este Ayuntamiento manifiesta su consciencia de que este año 2018 representa un hito importante en la historia reciente de la lucha por los Derechos Humanos. Precisamente, en esta fecha se cumplen 70 años de la aprobación por las Naciones Unidas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Igualmente, 2018 supone los primeros 20 años de la aprobación, también por la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos”, más conocida como Declaración de los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos. Posiblemente el elemento más notorio es el hecho de establecer como obligación internacional la necesidad de proporcionar apoyo y protección a estas personas en el contexto de su labor, la cual constatamos que se torna día a día más difícil y arriesgada.

Como institución saludamos y reafirmamos el llamamiento de dicha Declaración a que todos y todas tenemos una responsabilidad y función que cumplir en la mencionada defensa. Pero subrayamos ahora, en este aniversario, la responsabilidad primera de los estados e instituciones para con la defensa de los derechos universales y de forma especial para con la garantía de la vida y el ejercicio de esa defensa por parte de aquellos y aquellas hoy dedicados de forma explícita a esta función. Los llamados Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos, son igualmente Defensores de la Vida y Defensores de la Humanidad. Por eso, saludamos y apoyamos mediante este pronunciamiento su desempeño y compromiso en una lucha que debe de ser de todos y todas.

En el mismo sentido ya expresado, y en consonancia con las Naciones Unidas, queremos ahora recordar algunas de las obligaciones fundamentales de los estados en este campo como son:

* Proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos; 

* Garantizar que toda persona sometida a su jurisdicción pueda disfrutar en la práctica de todos los derechos y libertades sociales, económicos, políticos y de otra índole; 

* Adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias para asegurar la aplicación efectiva de los derechos y las libertades; 

* Proporcionar recursos eficaces a las personas que denuncien haber sido víctimas de una violación de los derechos humanos; 

* Realizar una investigación rápida e imparcial sobre las presuntas violaciones de derechos humanos; 

* Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de toda persona frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación negativa, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la Declaración; 

* Promover la comprensión pública de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; 

* Garantizar y apoyar la creación y el desarrollo de instituciones nacionales independientes encargadas de promover y proteger los derechos humanos; por ejemplo,[1] mediadores o comisiones de derechos humanos; 

* Promover y facilitar la enseñanza de los derechos humanos en todos los niveles de la educación y la formación profesional oficial. 

Sin embargo, el Ayuntamiento de València también es consciente de la pérdida de valor en los últimos años del discurso de los derechos humanos en detrimento de otros principios e intereses (políticos, geoestratégicos, económicos, comerciales) y esto nos preocupa de forma especial.

En este mismo ámbito, constatamos el alarmante aumento de las violaciones a los derechos fundamentales de los defensores y defensoras que se está produciendo globalmente. De acuerdo al "Informe anual sobre defensores y defensoras de derechos humanos en riesgo en 2017" de Frontline Defenders, esta organización tuvo información del asesinato de 312 defensores y defensoras en todo el mundo. De estas muertes, prácticamente el 70% se producen en América Latina, concentrándose casi la mitad en cuatro países México, Guatemala, Honduras y Colombia.

Sólo en este último, y según la misma fuente, se dan el 30% de todos los asesinatos a defensores y defensoras de derechos humanos que ocurren en el mundo. Dos terceras partes de todos estos asesinatos se producen contra personas que defendían la tierra, los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente, casi siempre en el contexto de actividades de megaproyectos, industrias extractivas y grandes empresas.[2]

Según el citado informe, Colombia es el país más peligroso para el ejercicio de los derechos humanos a nivel mundial, el ataque a los defensores y defensoras de derechos humanos constituye un fenómeno en aumento, generalizado y sistemático, a lo que se añade una falta de garantías efectivas y de protección adecuada para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos. En los cuatro primeros meses del año 2018 han sido asesinadas 53 personas.

Pero los asesinatos son solo la punta del iceberg de un patrón sistemático para acallar a quienes en defensa de los derechos humanos, se enfrentan a los intereses de los poderosos. Junto con las amenazas o el hostigamiento, la criminalización siguió siendo la estrategia más común utilizada para obstaculizar y deslegitimar el trabajo de las defensoras y defensores. Miles fueron objeto de detenciones, acusaciones falsas, sometidas a procesos legales largos, costosos e injustos y, en algunos casos, condenados y condenadas a largas penas de prisión.

Igualmente, en el citado informe se hace mención a la situación que se vive en los Territorios Palestinos Ocupados y la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos que se ven sometidos a falsas acusaciones, acoso judicial y detención en régimen de incomunicación. En julio de 2017, el tribunal militar israelí de Ofer en Cisjordania ordenó la detención administrativa de la defensora Khitam Saafin, presidenta de la Unión de Comités de Mujeres Palestinas, durante tres meses, sin juicio, por razones de seguridad que no fueron precisadas.

La acusación se basó en pruebas, "secretas" y que no fueron llevadas ante los tribunales, de pertenencia al Frente Popular para la Liberación de Palestina.

Y así mismo, más de medio centenar de presos/as políticos/as saharauis están cumpliendo condena en prisiones marroquíes, en los juicios no han contado con las mínimas garantías procesales, condenadas por declaraciones obtenidas bajo tortura e incluso juzgadas por tribunales militares siendo civiles. Muchos de ellos sufren graves enfermedades debidas a las torturas y no reciben la atención médica que su situación requiere, derecho que diferentes convenios internacionales los reconoce.

En virtud de lo anterior, y tal como se acordó en la Declaración Institucional aprobada en Les Corts, este Ayuntamiento,

- Reafirma su compromiso con la consideración de los derechos humanos individuales y colectivos tal y como han sido recogidos en los diferentes instrumentos internacionales,con especial referencia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en este su 70 aniversario y a la conocida como Declaración de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos en este su 20 aniversario.

- Así mismo, entendiendo que todos y todas tenemos responsabilidad y funciones que realizar en la protección y reconocimiento de los Defensores y Defensoras, junto a las organizaciones sociales, hacemos un especial llamado a los estados para el cumplimiento de todas sus responsabilidades en esa misma protección.

- Rechazamos los procesos de criminalización que se articulan, especialmente desde algunos sectores económicos y políticos, contra la labor de los defensores y defensoras. Estas personas cuentan, desde sus actuaciones pacíficas y como defensoras de la vida, con el reconocimiento y protección de este ayuntamiento.

- De la misma manera hacemos un llamado a las misiones del estado español a proactivamente velar por la protección de la defensa de los derechos humanos y a tener especialmente en cuenta a los actores más golpeados como lo son los pueblos indígenas, las mujeres y la comunidad LGTBI, y así apoyar que se pueda seguir luchando por cambios pacíficamente.

- Reconocemos igualmente el destacado trabajo realizado hasta la fecha por diferentes Programas de Protección Temporal de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos realizados en coordinación continua entre instituciones y organizaciones sociales del ámbito de la cooperación y solidaridad internacional; por lo tanto se está estudiando el impulso de un programa de estas características para la ciudad de València.

- Consideramos que los organismos públicos competentes deben articular los procedimientos sancionadores necesarios ante las violaciones de derechos humanos que contra estas personas pudieran cometerse por parte de terceros (empresas, organizaciones, grupos paramilitares, etc.).

- Por último, garantizar que se integra la perspectiva de género en todas estas peticiones, teniendo en cuenta el impacto diferenciado que sufren las defensoras de derechos humanos en razón del género, en contextos de gran discriminación y violencia contra las mujeres.

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[1] http://www.ohchr.org/SP/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.aspx

[2]https://www.frontlinedefenders.org/es/resource-publication/annual-report-human-rights-defenders-risk-2017

Votar Sí, para construir la Paz en Colombia

El 2 de Octubre el pueblo colombiano se encuentra ante una encrucijada histórica. Ese día los colombianos y colombianas, también aquellos que viven en Valencia, están llamados a refrendar en plebiscito el Acuerdo Final del largo proceso de negociación entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, para la terminación de un conflicto armado que ha asolado Colombia por más de sesenta años.

La Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia, celebra el Acuerdo y lo considera un paso fundamental en el camino a la Paz. Por eso nos posicionamos con claridad por el Sí en el Plebiscito e invitamos a todas las personas colombianas residentes en Valencia a votar afirmativamente. Un resultado favorable es esencial para que el largo proceso de construcción de la Paz que tiene que llevar a cabo el pueblo colombiano sea posible. Un proceso que tiene que sentar las bases económicas, sociales y políticas que hagan de la colombiana una sociedad más justa y que permita así alcanzar una Paz estable y duradera. Un proceso que sólo podrá desarrollarse con la participación de todas y todos, muy especialmente con la de las organizaciones populares, las comunidades y el movimiento de víctimas.

Somos conscientes que, aun con el acuerdo refrendado, son muchos los obstáculos que quedan por salvar. Es prioritario poner fin a las graves violaciones a los Derechos Humanos que sufren las organizaciones populares y las comunidades y, en especial, a la escalada de agresiones contra los defensores y defensoras de los Derechos Humanos, perpetradas mayoritariamente por los grupos paramilitares. El Estado Colombiano debe desligarse definitivamente de estos grupos e implementar políticas encaminadas a su desmantelamiento, atacando las estructuras económicas y políticas que los sustentan.

Es imprescindible que se ponga en marcha de forma inmediata la negociación con la guerrilla del ELN, para que la finalización del conflicto armado sea una realidad integral. Sólo el logro de acuerdos extendidos a todas las guerrillas (también al EPL) puede garantizar el punto final a la guerra y la realización del carácter civil de la construcción de la Paz.

Es fundamental también garantizar una justicia efectiva para con las víctimas, basada en la revelación de la verdad de lo sucedido, incluidos los crímenes cometidos por el Estado, en la reparación de los graves hechos de violencia y en el fin de la impunidad que hasta ahora los encubre. Éste es el único camino que puede asegurar la no repetición de los actos de violencia y la deslegitimación de su uso como método de resolución de conflictos o de imposición de voluntades.

Con todo y precisamente por ser conscientes del largo camino a recorrer, pensamos que es crucial dar este paso que ahora se nos presenta y votar Sí decididamente en el Plebiscito del día 2 de octubre .

Colombia: Informe sobre los Defensores de Derechos Humanos

A las puertas de firmar un acuerdo de paz en Colombia, los índices de asesinatos y agresiones contra defensores de derechos humanos siguen subiendo en contraste con el descenso acelerado de las acciones violentas derivadas del conflicto...

Conclusiones del Informe del primer semestre de 2016 "¿Este es el fin?" de la Organización "Somos Defensores" sobre la situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Colombia

¿Qué está pasando? ¿Este será en verdad el fin del conflicto? ¿Con esto se acabará la violencia contra defensores? Y además de ello, si los defensores(as) son pieza clave en la construcción de la paz, ¿cómo los va a proteger este gobierno? Análisis de un reto sin precedentes.