“A llorar al cementerio…” fue el grito de batalla del presidente de la Asamblea de Diputados después de aprobar la Ley 72 que privatiza las tierras de la Zona Libre de Colón (ZLC). Fue un anticipo de la muerte del niño José Patricio Vega Betancourt, de 9 años de edad, y del trabajador Andreve Dixon, de origen kuna. El niño fue atravesado por una bala y el trabajador kuna recibió un disparo en la frente en medio de la represión desatada contra el pueblo colonense por parte de la Policía Nacional y del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT).
Este cuerpo militarizado es financiado, armado y entrenado por el Comando Sur de EEUU que ha identificado como el enemigo número uno de sus intereses a “los campesinos e indígenas de Panamá”. La militarización acelerada del país puede explicar el reciente nombramiento de un comisionado (coronel) de la Policía como vice-ministro de Seguridad.
La Policía actúa sin un plan de contingencia y los heridos de bala se acumulan. Los medios de comunicación fueron amedrentados por actos de violencia contra su personal. La Policía Nacional allanó la Iglesia San José de la ciudad atlántica con el fin de detener a personas refugiadas en ese sitio. Felipe Cabezas, dirigente del Frente Amplio de Colón, denunció el ataque de la Policía y dijo que Colón se encuentra en “estado de sitio”. El Frente inició un paro de 48 horas de todos los sectores de Colón a partir del lunes. Cabezas declaró que el Frente quiere dialogar con el gobierno una vez que derogue la Ley 72. Como consecuencia de la represión del martes, el Frente anunció que el paro tendría carácter indefinido. El ministro de Seguridad, J. Raúl Mulino, aseguró que la represión que ha causado dos muertes y decenas de heridos se justifica para proteger a los manifestantes. Igual opinó el Director de la Policía Nacional, Julio Moltó.
